Establecer la obligación legal de que los diputados y altos funcionarios presenten informes trimestrales abiertos al público sobre su gestión, compromisos de campaña y el impacto de sus decisiones legislativas.
Implementar un marco legal que obligue a los funcionarios electos a cumplir un porcentaje mínimo de sus propuestas, con sanciones administrativas y políticas en caso de incumplimiento injustificado.
